Somos todos diversos.
El derecho a convivir
Es un fenómeno común, todas las personas conoceremos la discapacidad, sobre todo en la ancianidad
Hace unos años, los discapacitados estaban condenados a permanecer en el ámbito privado. ¿Para ser cuidados o para ser olvidados? Hoy hay evidencias de que ninguna persona con discapacidad necesita vivir recluida. Al contrario, vivir en sociedad abierta lleva a un grado cada vez mayor de independencia y desarrollo personal. Y de enriquecimiento para la sociedad

Tomás Castillo Arenal | Presidente de la Fed. Española de Fibrosis Quística y gerente de Amica (Cantabria) |
Felizmente, estamos asistiendo a un cambio histórico en la visión de la discapacidad. Ahora entendemos que este es un fenómeno común en nuestra vida, que todas las personas conoceremos la discapacidad, sobre todo en la ancianidad. De hecho, la reciente encuesta del INE sobre discapacidades refleja que la mayoría se manifiesta en las personas de edad. Ha dejado de ser un problema de algunos para convertirse en algo que afectará a toda la ciudadanía.
PARA SABER MÁS
PUBLICACIONES
Déjame intentarlo, Tomás Castillo. Ediciones CEAC, 2009
Discapacidad, Marta Schrn. Ed. Lugar, 1999
Derechos de las personas con discapacidad, Javier de Laorden. CGPJ, 2007
Discapacidad y mercado de trabajo, Alfonso Alba y Fernando Moreno. Fundació Autisme Mas Casadevall, 2004
El curioso incidente del perro a medianoche, Mark Haddon. Ed. Salamandra, 2004
WEBS
http://www.mascasadevall.net
http://www.ndparking.com/integrando.org
http://www.discapnet.es/castellano/Paginas/default.aspx
http://www.accesible.es/
http://mejorarnuestravida.weblog.discapnet.es
MÁS INFORMACIÓN
* Metamorfosis de la mirada *
Esta perspectiva contribuye además a entender la discapacidad como algo natural, y no como una desgracia personal. Nos ha faltado tradicionalmente la interpretación de qué tiene que ver la sociedad en todo esto. Quizá sea esta la reflexión pendiente. La discapacidad no la veríamos entonces como algo que ocurre a la persona solamente, sino como el resultado de la interacción entre las limitaciones humanas y el medio en el que nos desenvolvemos… "Si no puedo entrar en mi ayuntamiento, ¿dónde está la discapacidad, en mi movilidad reducida o en que nadie ha previsto que algunas personas nos tenemos que desplazar en silla de ruedas?"
Es evidente que si la sociedad estuviera preparada para algo tan sencillo como albergar las necesidades de todas personas que viven en ella, los mayores no tendrían que quedarse en casa porque habría ascensores; los jóvenes con limitaciones encontrarían empleo porque habría puestos de trabajo accesibles; los niños no tendrían que ir a colegios especiales porque los centros contarían con apoyos a la diversidad. Lo habitual sería que todos entráramos por la misma puerta, porque su anchura y la rampa permiten el acceso universal...
Esto, que parece un mundo ideal, es posible. Sólo falta cambiar nuestra mentalidad y eliminar las barreras psicológicas que nos hacen ver al otro como diferente. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad también ofrece una oportunidad de superar la mentalidad compasiva, abriendo paso al ejercicio pleno de ciudadanía. Cada ser es portador del derecho a vivir en la comunidad con los demás y como los demás, sin ser apartado a entornos de diferentes, a decidir por sí mismo y a equivocarse; a disfrutar de la mayor autonomía para no ser dependiente de otros, a vivir en su propio hogar y no acabar en una residencia contra su voluntad, a tener su intimidad y no recibir el trato como si fuera un menor toda su vida… Todos pueden hacer más de lo que nunca imaginamos. El único secreto: tener oportunidade.
INVITACIÓN:
Para todos los que tienen interes en conocer a este Señor: Tomás Castillo Arenal,
estara en Valladolid (Castilla y León) para dar una conferencia y la presentación del libro, "Aprendiendo a vivir" el día 25 (jueves) de febrero de 2010, a las ocho de la tarde, en
el Salón "Simancas" del Hotel Felipe IV.

El Gobierno, ante el reto de mejorar la normativa de la UE sobre atención a pasajeros discapacitados
El informe del Cermi aborda la necesidad de que la reglamentación comunitaria avance
Servimedia / Madrid
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha hecho llegar a la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, una serie de propuestas de mejora de la normativa europea que regula los derechos de los pasajeros aéreos con discapacidad.
A partir del análisis de las quejas y reclamaciones recibidas por parte de pasajeros con discapacidad, y de la experiencia adquirida desde que se viene aplicando el Reglamento europeo vigente en la materia, el Cermi ha elaborado un amplio informe que ha presentado al Ministerio de Fomento, para que a su vez el Gobierno las plantee durante la Presidencia española de la Unión Europea (UE) en el primer semestre de 2010. Se trataría con ello de que la Comisión Europea inicie el proceso de modificación del Reglamento, para acoger nuevas mejoras.
En el informe del Cermi se aborda la necesidad de que la reglamentación comunitaria avance hasta converger con la norteamericana, que a diferencia de la europea, no impone límites al número máximo de usuarios con discapacidad que pueden tomar un vuelo simultáneamente. De igual modo, en el texto se van comparando sistemáticamente las regulaciones europea y norteamericana y se señalan los avances que supone la segunda.
Finamente, en el informe entregado a Fomento, el Cermi pidió al Gobierno español que inste a las instituciones comunitarias a regular de modo específico el tratamiento de los productos de apoyo y ayudas técnicas de los pasajeros con discapacidad, como las sillas de ruedas y similares, que en caso de deterioro, extravío o pérdida por la compañía aérea son considerados como simple equipaje, cuando su función y valor son otros muy distintos.
El Cermi pide a las instituciones de derechos humanos que incorporen la discapacidad a su agenda
Ya que así se recoge en la Convención de la ONU
Servimedia / Madrid
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha reclamado a las instituciones oficiales y a los organismos de la sociedad civil que trabajan en la esfera de los derechos humanos, que incorporen en un puesto destacado de su agenda la perspectiva de la discapacidad.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por Naciones Unidas en 2006, consagra la visión de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, "por lo que esta realidad no puede permanecer ajena a la actividad de las instituciones que luchan genéricamente por el respeto a los derechos humanos de todas las personas", según declaró el Cermi.
Además, añadió que "todas las instituciones de derechos humanos han de hacer suyo el factor de la discapacidad e incluirlo sistemáticamente y con carácter horizontal en los exámenes, informes y propuestas que realicen de promoción y seguimiento de los derechos humanos".
Para finalizar, el Cermi remarcó que la visión de la discapacidad ha de permear la labor de los organismos de protección de los derechos humanos, porque el discurso y la acción de estas organizaciones quedan deslegitimados si no asumen la garantía de los derechos de las personas con discapacidad como cosa propia y como parte de su agenda.
El Gobierno adelantará hasta en siete años la jubilación de personas con discapacidad
El Foro Europeo de la Discapacidad reclama a Barroso medidas de apoyo
|
Para evitar la discriminación y la exclusión
El presidente del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), Yannis Vardakatanis, ha pedido en una carta abierta dirigida a José Manuel Durao Barroso, quien previsiblemente será reelegido presidente de la Comisión Europea el próximo 16 de septiembre, la adopción de una serie de medidas durante su próxima presidencia de esta institución orientadas a mejorar la situación de las personas con discapacidad, según informa una nota de prensa de EDF. |
El Gobierno estudiará la adaptación de la legislación española a la Convención de la ONU sobre discapacidad
CREA UN GRUPO DE TRABAJO INTERMINISTERIAL
El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de un grupo de trabajo interministerial para realizar un estudio integral de la normativa española y adaptarla posteriormente a las previsiones de la Convención de la ONU de los derechos de las personas con discapacidad, que entró en vigor en este país el 3 de mayo de 2008. MARIBEL GONZÁLEZ. Esta adaptación constituye una de las reinvindicaciones del movimiento asociativo de la discapacidad. Según informó el Ejecutivo, el grupo de trabajo estará presidido por el Ministerio de Sanidad y Política Social e integrado, al menos, por los siguientes Ministerios: Asuntos Exteriores y Cooperación; Economía y Hacienda; Justicia; Interior; Educación; Trabajo e Inmigración; Industria, Turismo y Comercio; Vivienda; Presidencia, e Igualdad. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, explicó que el grupo de trabajo deberá analizar la legislación española y realizar los ajustes técnicos convenientes para adaptarla y adecuarla a las directrices de la Convención. El Ejecutivo prevé que los ministerios tengan listo un informe en siete meses. Con esta iniciativa, España se situará "a la vanguardia de los países de su entorno", agregó Jiménez, quien señaló que la convención "supone avances importantísimos, como el cambio de lenguaje en las leyes", que a veces utilizan términos inadecuados. La convención de la ONU sobre discapacidad no establece nuevos derechos, pero prevé medidas de no discriminación y de acción positiva que los estados que se adhieran a ella deberán implantar para garantizar a las personas con discapacidad sus derechos en igualdad de condiciones. Supone, según el Ejecutivo, un cambio en el concepto de discapacidad, ya que pasa a considerarlo como una cuestión de derechos humanos y no como una preocupación en materia de bienestar social. El texto se basa en principios generales como la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la participación e inclusión plena en la sociedad, el respeto por la diferencia, la accesibilidad o la igualdad entre hombres y mujeres. Obliga a los países que lo ratifican a reconocer que todas las personas son iguales ante la ley, a prohibir la discriminación basada en las discapacidades y a garantizar igual protección de la norma para todos. |
“La Convención es un paso fundamental en la consecución de la igualdad y la garantía de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad”
La Profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad de A Coruña, Adela Rey, nos cuenta en esta entrevista sus impresiones acerca de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Como experta en dicho tratado internacional, su opinión nos ayudará a comprender mejor lo que puede suponer la entrada en vigor de la Convención para las personas con diversidad funcional.
En el Propósito de la Convención se habla de promover la igualdad como idea central de este Tratado. ¿Podrá la aplicación de la misma equiparar a las personas con diversidad funcional con el resto de la sociedad en lo que se refiere a derechos fundamentales?
La Convención es un paso fundamental en la consecución de la igualdad y la garantía de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, pero no le podemos pedir milagros. Los cambios en la Sociedad y en el Derecho son siempre lentos. Debemos esforzarnos por conseguir iniciar este movimiento de cambio y ojalá consigamos altas cotas de cumplimiento de la Convención y con ello, un mayor cumplimiento de los derechos fundamentales de estas personas.
El hecho de que la Convención sea un tratado multidisciplinar que aborda las más variadas facetas de la vida de las personas con diversidad funcional, obliga a los estados a un gran esfuerzo tanto jurídico como económico. ¿Se empezarán a notar, a corto plazo, las consecuencias de la entrada en vigor de la misma en el estado español?
En los ámbitos en los que el Derecho interno español esté más cerca de lo dispuesto en la Convención y por tanto, los cambios sean menores y más fácilmente realizables.
La Convención está redactada sobre muchos de los conceptos de la filosofía de Vida Independiente que se plasman en el artículo 19. Si esto es así, ¿por qué la sociedad sigue viendo como algo “revolucionario”
la idea de vida Independiente?
Porque en nuestro Derecho interno y en nuestras costumbres, la filosofía de vida independiente es, lamentablemente, todavía novedosa. Las campañas son fundamentales en este sentido.
A pesar de que ya está en vigor la Convención, las administraciones aún no han materializado lo que se especifica en su artículo 8: “ Sensibilizar a la sociedad para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas”.
¿A qué se debe esta pasividad a la hora de dar a conocer esta nueva realidad por parte de las administraciones?
Supongo que el coste que para la Administración tiene el cumplimiento pleno de la Convención, les hace dudar del interés de su difusión. Cuanto más informada este la sociedad más capacitada estará para ejercer y reclamar sus derechos.
La nueva Reforma de la Ley del Aborto plantea: “supuestos que posibilitan la práctica de un aborto indefinidamente si el feto presenta malformaciones o enfermedades graves incompatibles con la vida”
. ¿No entra esto en clara contradicción con el artículo 10 de la Convención que habla del Derecho a la Vida?
No, si las malformaciones son incompatibles con la vida, yo creo que no entra en contradicción con el art. 10. Solo si las circunstancias físicas del feto son compatibles con la vida y la legislación permite, a pesar de ello, el aborto, sería incompatible con dicho artículo.
¿Será esta Convención la herramienta definitiva para que las personas con diversidad funcional dejen de ser vistas como “dis”
ciudadanos?
OJALÁ!! Desde luego, es una herramienta inestimablemente útil y con la que no contábamos hasta el presente.
Los notarios piden reformar el Código Civil para adaptarlo a la Convención de la ONU sobre discapacidad
AFECTARÍA A CIEN ARTÍCULOS
|
El presidente del Consejo General del Notariado, Antonio Ojeda, considera que el Parlamento debe acometer "cuanto antes" una reforma "profunda" del Código Civil para adaptarlo a los requerimientos de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como de algunas otras leyes importantes del ordenamiento jurídico español.
MARIBEL GONZÁLEZ. Ojeda, que compareció en la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados, urgió a los parlamentarios a que reformen, concretamente, el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la norma de protección del discapacitado y la de su patrimonio y, "en menor medida", la ley de dependencia.
La modificación del Código Civil ha de ser, a su juicio, "muy profunda", pues requiere de cambios en todo lo relativo a la tutela y a la curatela, lo que supone según sus cálculos "casi cien artículos".
Además de los puntos que atañen a la tutela y curatela, el presidente de los notarios consideró "importantísimo" que se modifique el Código Civil en lo relativo al testamento, porque, explicó, ahora el testador del derecho civil común o castellano, el que no pertenece a autonomías con derecho propio, debe dejar por obligación dos terceras partes de su herencia a los hijos, algo que no coincide siempre con su voluntad.
En cualquier caso, Ojeda vaticinó que la reforma legal que España ha de hacer para adaptarse a la convención sobre discapacidad no será "muy difícil", si bien subrayó que a la hora de acometerla ha de tenerse en cuenta que resulte útil y aplicable y no se convierta sólo en una modificación terminológica.
En la misma línea que el presidente de los notarios se mostró Almudena Castro, directora de la Fundación Aequitas, una organización creada dentro del notariado para velar por los derechos y prestar especial atención a las personas con discapacidad.
Castro recordó a los diputados que cualquier reforma legal debe respetar la dignidad de las personas y subrayó que en el caso de las referidas a las personas con discapacidad ha de apostarse, además, por el equilibrio entre la protección y la autonomía.
Expertos analizan la situación jurídica de los discapacitados
En la Universidad de Zaragoza
Una personas con discapacidad física baja de un autobús. | Cristóbal Lucas
El congreso se dedica a la regulación jurídica de la discapacidad y que se celebrará hasta mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.
Bajo el lema 'Hacia una visión global de los mecanismos jurídico-privados de protección en materia de discapacidad' , el congreso analizará el actual problema que supone el excesivo número de trámites administrativos que tienen que realizar las personas con discapacidad o sus familias para obtener la declaración individualizada de su condición y acceder a ayudas, explicó la Universidad de Zaragoza en un comunicado.
El rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López, inaugura el congreso. También está prevista la asistencia de la consejera de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, Ana Fernández, y del decano de la Facultad de Derecho de Zaragoza, José María Gimeno.
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, será el encargado de clausurar este encuentro. El objetivo del congreso es estudiar los diferentes mecanismos para calificar la discapacidad y estudiar la viabilidad de la puesta en marcha de cauces coordinados en esta materia, como el dictamen médico-técnico único o un procedimiento polivalente para las diferentes instancias administrativas.
Tanto la dirección del congreso, a cargo de la profesora de Derecho Civil, Sofía de Salas, como su comité científico están integrados por profesores de la Universidad de Zaragoza pertenecientes a un proyecto de investigación especializado en esta materia.
Entre los participantes en el congreso se encuentran, el juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado; el asesor técnico de la Gerencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y coordinador en materia de dependencia, Joaquín Santos; el presidente de FEAPS-Aragón, José María López, y el gerente de Atades Huesca, José Luis Laguna.
El congreso cuenta también con la participación de juristas como la magistrado Aurora Elósegui, del Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián, especializado en incapacitaciones; el fiscal de la Audiencia Provincial de Jaén, Cristóbal Fábrega, y el presidente del Foro Justicia y Discapacidad Pío J. Aguirre.
Ana Peláez apremia a los miembros de la ONU a ratificar la Convención sobre discapacidad.
Servimedia / Madrid- 04/03/2009
"Naciones Unidas tiene 193 estados parte y sólo 50 de ellos han ratificado la convención", ha declarado Peláez a Servimedia.
Peláez, comisionada de género del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y directora de Relaciones Internacionales de la ONCE, ha animado por este motivo a todos los estados de la ONU a que ratifiquen "sin reservas" tanto la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como su protocolo opcional.
El último país en ratificar la convención fue Alemania, que lo hizo esta misma semana, concretamente, el pasado martes, 24 de febrero. Otros estados que han dado ya este paso son Australia, Croacia, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, Filipinas, Hungría, India, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Sudáfrica y Túnez, además de España.
Los países que ratifiquen este texto están obligados a reconocer que todas las personas son iguales ante la ley, a prohibir la discriminación basada en las discapacidades y a garantizar igual protección de la norma para todos.
La vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad explicó que la función de este órgano es velar por la correcta aplicación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en todos los estados.
Igualmente, añadió, el comité creado el pasado mes de noviembre y constituido esta semana tiene también entre sus funciones la de atender las quejas individuales de cualquier persona con discapacidad.
En este sentido, Peláez recordó a las personas con discapacidad que para dirigir sus quejas a este comité deben haberlas hecho llegar primero al organismo nacional pertinente, que en el caso de España es el Consejo Nacional de la Discapacidad. Sólo agotada esta vía, la persona con discapacidad siente que no se le ha resuelto el problema, puede dirigirse al comité.
Video: la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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