El traspado de la Justicia

La vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Teresa Fernández de la Vega, y el presidente de la Junta de Castilla yLeón, Juan Vicente Herrera, escenificaron ayer ante la prensa las diferencias, importantes, que separan a ambos ejecutivos para que la comunidad autónoma asuma las competencias de la gestión de la Justicia. Por el momento se sabe que la cifra en la que las valora elMinisterio se eleva a 119 millones de euros. Y se sabe que al Gobierno castellano y leonés no le parece suficiente. Pero se desconoce hasta dónde quiere éste que llegue el coste del traspaso para que pueda acabar diciendo sí. Sin embargo, pese a ser abismales esas diferencias, no pueden ser consideradas insalvables. Evidentemente, ambos ejecutivos tienen que abrir, con rapidez, todos los canales de diálogo y negociación para que el traspaso sea una realidad. Si el objetivo de una comunidad es disponer de mayores cuotas de autogobierno, de acuerdo con su Estatuto de autonomía, Castilla yLeón tiene la oportunidad de avanzar notablemente en ese camino con estas competencias. Bien es cierto que no a cualquier precio, puesto que son importantísimas las carencias que acumula el sistema judicial en la comunidad autónoma como para que en esa negociación no se garanticen las inversiones y valores a precios actualizados. Pero es necesario que la propia comunidad autónoma empuje en el único sentido que puede hacerlo: intentando conseguir elevar la capacidad de autogobierno con unas competencias que constituyen una importante base del entramado institucional y administrativo de Castilla yLeón. Sólo así puede cobrar sentido la aspiración, legítima y lógica, de situar a la comunidad entre las primeras del Estado por número e importancia de las funciones y servicios que presta a sus ciudadanos.
Editorial