El Gobierno regional, por boca de su vicepresidente económico, Tomás Villanueva, expresó ayer su satisfacción por el nuevo rumbo que empiezan a tomar los proyectos de fusiones y alianzas de las cajas castellanas y leonesas. Satisfacción sin duda compartida por la oposición, cuya lealtad y colaboración en un asunto del calado de éste es, como mínimo, digna de encomio. Y no es para menos. Frente al panorama oscuro y desolador de hace sólo unos meses, cuando las maniobras de unos pocos habían conseguido sumir a casi todos en la confusión y el desaliento, al final el proyecto global de consolidar dos grandes grupos, uno netamente castellano y leonés y otro en colaboración con Navarra y Canarias, empieza a brillar con luz propia al final del largo túnel.
En el calendario de este nuevo panorama, el primer paso ha sido la aprobación, por parte de los consejos de administración de Caja Duero y Caja España, de un programa de fusión que quiere ser operativo en verano, formando así el conjunto la mayor entidad de ahorro de la región. Un proyecto, sin embargo, que todavía no está libre de peligros, ya que ambas entidades deben superar los escollos de las respectivas asambleas, donde podría paralizarse. Una situación que requerirá de nuevo de toda la capacidad de consenso y negociación de las cúpulas directivas de ambas cajas, ya que ninguna de las dos puede permitirse el lujo de detener un proceso en el que se han dejado demasiados esfuerzos colectivos y personales. El tiempo apremia y un paso atrás en estos momentos tendría unos tremendos efectos negativos, no sólo para las dos entidades financieras involucradas en el proceso, sino para toda una región que continúa paralizada en unos momentos especialmente delicados para su economía.
El otro gran proyecto en perspectiva es el de Banca Cívica. En este caso, Caja de Burgos celebrará el próximo día 27 su asamblea, con muy pocas dudas sobre la aprobación definitiva de su integración en esta nueva entidad, al lado de Caja Navarra y Caja Canarias, con las perspectivas de poder añadir al grupo, antes del verano, tanto a Caja de Ávila como a Caja Segovia, quienes actualmente están preparando los ‘números’ para hacer posible la operación. Juntas, las tres, las cuatro o las cinco cajas que se integrarían en Banca Cívica aspirarían a ser, en cuatro años, la tercera entidad financiera por capitalización del país. Una sociedad moderna, saneada y rentable que debería empezar a funcionar también muy pronto, aunque fuera en su formato reducido. Ante la imposibilidad de cuajar el proyecto primitivo de unir primero Caja Duero, Caja España y Caja de Burgos, y añadir después a Caja de Ávila y Caja Segovia, formando una gran ‘caja única’ castellana y leonesa, esta nueva situación permite pensar, al menos de momento, en dos grupos fuertes con intereses irrenunciables en Castilla y León, favoreciendo incluso una sana competencia que propiciaría estructuras financieras más operativas y ajustes laborales menos drásticos.
En el horizonte, como a nadie se le escapa, se dibujan nuevos proyectos de integraciones financieras, bien alrededor de la propia Banca Cívica bien en relación con otros grupos que deben consolidarse también en el territorio español. Pero antes de eso es necesario que el grupo Caja España-Caja Duero y el grupo Banca Cívica empiece a funcionar con velocidad de crucero, desbloqueando créditos, volviendo a ayudar a las pymes y ayudando, en general, a que la sociedad castellana y leonesa pueda remontar la crisis con mejores herramientas financieras. Parpadeante y, quizás, todavía algo incierta, pero es luz al fin y al cabo lo que empieza a vislumbrarse al final del túnel negro de las cajas.
Editorial

En fase de consulta, es decir, abierta todavía a reformas y enmiendas, la nueva Ley de Integración de los Inmigrantes, que deberá aprobarse este año según el calendario de la Junta, prevé que el conocimiento de la lengua castellana suponga un deber de todos los extranjeros que residan en la región, al menos en su relación con los poderes públicos de Castilla y León. Una medida, entre otras muchas, cuyo último fin busca que la integración de este colectivo sea efectiva y permita la doble vía de la relación satisfactoria.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que deber es igual a derecho. Los inmigrantes, para que las pretensiones del Gobierno regional logren el objetivo de la integración sin disyunciones, es preciso que conozcan en profundidad las normas por las que se rige nuestra convivencia, para que las acepten y su presencia entre nosotros transcurra por los cauces de la normalidad. En segundo término, hay que tomar esta medida como integradora, nunca como diferenciada, y esto sólo será posible por medio de la tolerancia mutua y la educación en los valores que deben ser comunes.
No podemos olvidar que el aprendizaje del castellano en América, que alcanzó su máxima proyección tras la independencia, estuvo estrechamente vinculado con las reclamaciones de los indígenas de sus derechos a ser ciudadanos de primera, a comprar casas, hacer contratos, a no seguir supeditados a un poder que les negaba sus máximas aspiraciones. La lengua de los blancos, dominarla, constituyó la herramienta de su unidad y la defensa de sus pretensiones. El castellano constituye, pues, una lengua de integración y de igualdad. Hay que luchar por que esto siga siendo así, más cuando las personas con otras lenguas maternas quieren vivir entre nosotros, compartir nuestras inquietudes. El idioma que nos comunica supondrá para ellos el paso obligado si quieren formar parte de nuestra sociedad, acceder a un trabajo, educar a sus hijos. Ellos, por necesidad perentoria, se esforzarán en hablar español; nuestra Administración, como ineludible responsabilidad debería corresponder esforzándose en ofrecer al inmigrante los medios por los que acceda al aprendizaje del español. En el momento en el que el castellano no constituya una dificultad, el extranjero perderá tal condición, su integración resultará posible y el beneficio mutuo.
Editorial

Días después de las ferias de la Virgen de San Lorenzo, el Ayuntamiento iniciará las obras de demolición del viaducto del Arco de Ladrillo, para posteriormente comenzar la construcción del túnel que conducirá el tráfico rodado al centro de Valladolid en sustitución del actual paso elevado. Las obras de soterramiento de las vías, que eliminarán de la superficie los trenes, han transcurrido sin que los habitantes de la ciudad sintieran los efectos paralelos de esta obra clave. La llegada de las excavadora a uno de los puntos neurálgicos de la ciudad se trata de un hecho tan inevitable como previsto.
Una encuesta publicada a finales de febrero por la Agenda Local 21 del Ayuntamiento declaraba que los ciudadanos, que daban un aprobado alto a la calidad de vida en Valladolid, consideraban la circulación como uno de sus mayores inconvenientes. Cortar una de las arterias que distribuye el paso de vehículos implica congestionar zonas donde el tráfico ahora es fluido. El mapa de la urbe es el que es, y no existe otra solución que adaptarse a él bordeando la circulación en la medida en que sea posible para mitigar lo que será inevitable: un tránsito más lento y, hasta que los cambios constituyan rutina para los automovilistas, atascos importantes.
Las obras constituyen el mal que abre las calles en canal para desasosiego de sus habitantes que, una vez concluidas, por lo general, hallan satisfactorios los cambios, se adaptan rápidamente a las mejoras y relegan al olvido las incomodidades. El Ayuntamiento, y así lo deberían entender especialmente quienes utilizan el coche, estudiará las medidas alternativas que hagan menos penosas las obras; pero aún siendo este el principal responsable de que se altere lo mínimo la vida cotidiana, convendría también que los vecinos meditaran sobre la parte que les corresponde para que los días de caos sean los mínimos. Se calcula que resultarán afectados unos cien mil desplazamientos diarios, lo que lleva a sugerir a los conductores que harían bien en usar menos el coche y sustituirlo por el servicio público; estudiar previamente las vías alternativas cuando los traslados en vehículo propio sean inevitables, y aceptar las molestias como pago de los beneficios futuros. La ciudad somos todos; construyámosla, pues, entre todos.
Editorial

El hecho sin precedentes de que el Supremo haya admitido a trámite una querella contra Garzón por supuesta prevaricación, al haber ordenado escuchas a los imputados del ‘caso Gürtel’ mientras hablaban en prisión con sus abogados, lanza sólidas dudas sobre el futuro del procedimiento abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la trama de corrupción dirigida presuntamente por Francisco Correa. Los imputados afectados por dichas escuchas ya han presentado recursos en los que plantean la anulación de todas las actuaciones. Y el Colegio de Abogados de Madrid se ha personado también en la causa, para salvaguardar –dice– el derecho de defensa. El instructor actual del ‘caso Gürtel’ en el TSJ de Madrid, el magistrado Antonio Pedreira, ha decidido paralizar la instrucción del vasto sumario que heredó de Garzón, hasta saber si los tres magistrados de la Sala de lo Civil y Penal, que han de resolver los recursos, dan o no por buenas esas escuchas a miembros de la trama corrupta. En concreto, la Justicia deberá determinar si se ha violado o no el derecho de defensa a la luz del artículo 51.2 de la Ley General Penitenciaria, que avala tales escuchas «con autorización judicial y en supuestos de terrorismo», así como del artículo 579 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite interferir el secreto profesional de los abogados cuando existen indicios de que éstos están cometiendo un delito. El Supremo ha desarrollado este criterio en diversas sentencias, que son las que maneja la Fiscalía Anticorrupción para defender la legalidad de las actuaciones. La anulación de algunas de las pruebas podaría en cascada buena parte del sumario, según la conocida ‘teoría del árbol envenenado’. Y si tal sucediera, la responsabilidad principal del desastre judicial correspondería al juez que se hubiera saltado las garantías procesales. De cualquier modo, la opinión pública no entendería que unos gravísimos episodios de corrupción que hieden a distancia no pudieran ser esclarecidos y castigados por algún defecto de forma. Máxime, cuando la política ha empezado a hacer acto de presencia en los subterráneos de estos indecorosos episodios, en los que el Poder Judicial se juega su prestigio.
Editorial

La imagen de los miles de vallisoletanos que desfilaron ayer ante el féretro con los restos mortales de Miguel Delibes sirve para poner en evidencia un caso verdaderamente singular de identificación de una ciudad con su vecino más querido. Un afecto y un respeto compartidos, además, por gentes de todos los rincones de la geografía española, algunos de los cuales se han desplazado o se desplazarán estos días para dar su último adiós a uno de los escritores más relevantes de la literatura española del siglo XX. Aprecio y reconocimiento sin fisuras, como corresponde a un hombre ejemplar en no pocos territorios de su vida.
Porque, efectivamente, Miguel Delibes ha sido un ejemplo reconocido por miles de personas. Un ejemplo como escritor, permanentemente fiel al espíritu de la letra y al rigor de la lengua castellana, y alejado voluntariamente de círculos o cenáculos literarios que pudieran interferir en la pureza de su mensaje. Un ejemplo como periodista, comprometido con la libertad y la independencia en los tiempos difíciles de la censura, y comprometido también con la calidad y el buen hacer de un oficio no siempre reconocido en su verdadera dimensión. Un ejemplo para los castellanos, como imagen permanente de ese «hombre sencillo que vive sencillamente», pero que atesora detrás una sabiduría y una actitud ética construida con tesón a lo largo de muchos siglos de andadura. Y un ejemplo para las generaciones que le han sucedido, empezando por su pionero amor al paisaje, el deporte, la ecología y el aire libre, y terminando por su propia familia, cuya cercanía y entereza están siendo también ejemplares a lo largo de estos días difíciles.
Todas estas cualidades han permitido que se forjase alrededor de la figura de Miguel Delibes una cierta aureola mítica que, en el momento de su muerte, se ha traducido por igual en el calor popular, en el elogio unánime de las gentes del mundo de la cultura y en el reconocimiento de los medios de comunicación de medio mundo, que ayer estuvieron pendientes de todo lo relativo a la noticia de su muerte.
Además de todo eso, Miguel Delibes ha sido dibujante, periodista y consejero de EL NORTE DE CASTILLA. Y, desde luego, su director más emblemático en en siglo XX. Después de casi setenta años de complicidad, hablar de EL NORTE DE CASTILLA es hablar del periódico de Miguel Delibes, y hablar de Miguel Delibes es hablar del gran director de EL NORTE DE CASTILLA. No es de extrañar, pues, que con la muerte de Delibes una parte de nuestro diario se muera también, a pesar de lo cual, y gracias a su ejemplo, la otra parte debe ser capaz de asumir entera su historia de más de 156 años de andadura para seguir haciendo periodismo en el siglo XXI.
En el momento de la despedida, hay que volver a decir que EL NORTE DE CASTILLA está muy orgulloso de haber contado, entre los suyos más suyos, con una figura como la de Miguel Delibes.
Editorial

A pesar de la crisis, que afecta de manera muy especial a un sector no catalogado entre los de primera necesidad, los numerosos congresos y reuniones de trabajo (más de 616 en el 2008) celebrados en Valladolid en los últimos años han puesto en evidencia la necesidad de construir un nuevo espacio acorde con las posibilidades reales de la ciudad en este territorio. Valladolid, que ya gozaba de un evidente prestigio como capital cultural, gastronómica y enológica, ha conseguido también poner al día en este tiempo una buena parte de sus recursos turísticos, a lo que hay que añadir un importante refuerzo estratégico con la llegada del Ave, lo que la sitúa todavía más cerca de la capital de España.
La decisión del Ayuntamiento de colocar como principal prioridad de su plan estratégico de turismo 2010-2014 la construcción de un nuevo palacio de congresos, en un lugar emblemático de la ciudad, sin duda obedece a una clara visión de futuro, precisamente en un momento en el que hay que sentar las bases de nuevos recursos en unos años donde no se va a poder desperdiciar ninguna posibilidad, por pequeña que sea, de desarrollo. Pasar del puesto vigésimo cuarto al octavo en la clasificación española de ciudades congresuales demuestra con claridad que ésta es una de las opciones más interesantes que tiene Valladolid para crecer, cuando pasen los oscuros nubarrones de la crisis económica.
Para acometer un proyecto de esta envergadura, sin embargo, la ciudad no puede estar sola. Tan necesaria como el concurso de la Junta, que en su día habló de aportar hasta el 40% de la inversión, será la participación del Gobierno, que tiene aquí una buena oportunidad para reforzar el centro de España, alrededor del gran núcleo económico de Madrid, como uno de los espacios de negocios más relevantes del sur europeo. Tal vez no son los mejores tiempos para obtener colaboraciones incondicionales, pero sí para posicionarse de manera clara y rotunda. Y ponerse a trabajar.
Editorial

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor; el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el consejero de Fomento, Antonio Silván, firmaron ayer en Valladolid el primer convenio entre el Gobierno de España y una comunidad autónoma para reconvertir los excedentes de viviendas sin vender en viviendas de protección oficial (VPO), lo que podría afectar a más de 30.000 pisos de la región. Un acuerdo pionero que deberá constituir «un ejemplo a seguir» por otras comunidades, donde el problema es exactamente el mismo. Con independencia del éxito de colaboración entre instituciones que representa este acuerdo, en un momento en el que el ciudadano, más que nunca, exige a sus rectores políticos que se olvide de partidismos para encontrar soluciones imaginativas y de consenso, lo más relevante de esta iniciativa es que, a partir de este momento, va a requerir también el máximo nivel de participación de todos los sectores implicados en el asunto. En primer término, los promotores y constructores, que tendrán que abaratar el producto si quieren que finalmente tenga salida, pero detrás de ellos las entidades financieras, los notarios, registradores y gestores, y los ayuntamientos. Sólo si todos ponen de su parte con generosidad, podrá empezarse a romper de una vez ese círculo vicioso de la vivienda, que es, junto con el desempleo, el más acuciante de la particular crisis española. Castilla y León quiere ser pionera en este proyecto, que ahora debe extenderse no sólo por otras comunidades, sino también a otros sectores del sistema, como el de los propietarios particulares, muchos de los cuales están viviendo su drama particular en esta crisis. Algo por lo que debemos felicitarnos. Romper con este círculo es imprescindible para volver a pensar en vender pisos, consumir y crear empleo.
Editorial

Hoy, como cada 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer con la mirada puesta en lo que constituye el núcleo fundamental de una efeméride ya centenaria: la necesidad de combatir todas las formas de discriminación por cuestión de sexo. Muy poco tiene que ver la situación actual de las mujeres, no ya con aquella atmósfera de desigualdad machista que reinaba hace más de cien años, cuando se dieron los primeros pasos en la celebración que hoy nos incumbe, sino incluso con la realidad de 1977, año en el que la ONU declaró de forma oficial esta fecha. Son claros los avances conseguidos en materia de igualdad social y laboral, en términos de lucha contra la violencia sexista, en la aplicación de leyes contra la desigualdad y en los cambios positivos de conducta social e individual; avances que serían impensables de no haber mediado la organización y lucha de las propias mujeres. Pero aún quedan aspectos pendientes que no podemos soslayar. El hecho mismo de que se celebre un día especialmente dedicado a las mujeres significa que éstas, en términos generales, continúan siendo discriminadas y oprimidas de diversas formas.
Estudios recientes ponen en evidencia, por ejemplo, que la tasa de empleo sigue siendo menor en el caso de las mujeres, que el paro continúa afectándolas más que a los hombres y que sus contratos son más precarios y con un mayor peso de jornadas parciales o reducidas. Cierto es que a veces esto último obedece a una elección de las propias mujeres para dedicarse al cuidado de los hijos, pues aún son mayoría las que consideran que tanto esta tarea como la atención al hogar les compete en mayor medida que a los hombres. Pero en otros casos, esta desigualdad viene determinada por la propia dinámica del mercado laboral. De ahí que las mujeres sigan percibiendo que encuentran más dificultades que los hombres a la hora de conseguir un empleo y afianzar la seguridad en el mismo, que se vean discriminadas de los puestos de responsabilidad y que su retribución salarial sea, ante la misma función, inferior a la de los hombres.
Todo lo anterior se multiplica de manera exponencial en el entorno rural, donde la mayoría de las mujeres en edad de trabajar se dedican a las tareas del hogar. El arraigo, por motivos culturales, del llamado ‘efecto escaparate’ o ‘miedo al que dirán’ explica la persistencia en los pueblos de una división de roles que sigue confinando a las mujeres a las labores domésticas. Aunque también aquí se vienen experimentado avances significativos en términos de igualdad, protagonizados casi siempre por jóvenes emprendedoras, el retraso es patente en comparación con la dinámica urbana. Por otro lado, la sociedad globalizada en que nos movemos introduce nuevas realidades que se compadecen mal con los objetivos pretendidos por este Día Internacional de la Mujer. Es evidente la influencia del fenómeno inmigratorio en la introducción de costumbres culturales que contradicen esa igualdad efectiva de sexos por la que se viene luchando en nuestras sociedades occidentales.
En determinados colectivos de inmigrantes proliferan pautas culturales y religiosas que relegan a la mujer al círculo doméstico, al espacio privado, en definitiva, a una cierta invisibilidad social. Un desafío a añadir y que conviene no minusvalorar si de verdad se quiere avanzar en la igualdad real, en derechos y dignidad, entre hombre y mujer.
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Las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior incluye la imposición ineludible de abrir las universidades a las nuevas tecnologías. A esa obligada convergencia ya se había adelantado la realidad social: el mundo globalizado hace varios lustros que se comunica con el lenguaje de la informática con la naturalidad de quien halló un instrumento imprescindible para el desarrollo de la vida en todos sus campos. La Universidad constituye una de las áreas en las que estas herramientas, en constante evolución y mejora, resultan esenciales para el estudio, la comunicación lectiva, los contenidos multimedia o la investigación científica. La institución docente de Valladolid, haciendo un esfuerzo económico, ha invertido 100.000 euros en una primera partida de 60 ordenadores que prestará a los alumnos como si se tratara de libros. La aún restringida experiencia piloto persigue incorporar más adelante estos elementos técnicos y otros similares a la rutina de la vida docente. Supone un paso fundamental para sumarse al consenso generalizado de que son los centros de formación de los jóvenes los que han de abrir brecha en la vanguardia de la innovación tecnológica. Mal podrán competir los universitarios que salgan de unas aulas donde se dio la espalda a la gran revolución tecnológica de los tiempos modernos. No hacerlo así supondría un coste económico y de esfuerzo humano inadmisible, a la vez que suicida.
Quienes integran el sector productivo hace tiempo que hicieron un frente común para exigir un alto nivel y solvencia en el manejo de las tecnologías de la información. Investigación+Desarrollo+ Innovación tecnológica (I+D+i), conforman las siglas de la filosofía de los dirigentes que impulsan el futuro. La Universidad de Valladolid hace tiempo que asumió el principio. Ahora ha dado un paso práctico para que el ordenador entre en la vida lectiva del alumno.
Editorial

La necesidad de abordar la transformación del mercado de trabajo en España parece innegable. Hay un consenso generalizado en que ésta es una de las grandes reformas pendientes que es urgente llevar a cabo, eso sí, con el consenso de los agentes sociales. Acabar con la precariedad y sustituir los contratos temporales por los de tiempo parcial, de tan escasa penetración en España en comparación con otros países de nuestro entono europeo, es una de las medidas que concita más acuerdos. Otras, como la propuesta por la CEOE de un contrato para jóvenes, sin derechos y con unas retribuciones inferiores al salario mínimo interprofesional, también suscitan prácticamente unanimidad, pero en este caso de rechazo. El problema, por lo tanto, surge cuando nos planteamos qué cambios queremos introducir en el mercado de trabajo. Guillermo de la Dehesa, presidente del Centro de Investigación de Política Económica de Londres, propuso ayer en el Foro Económico de EL NORTE DE CASTILLA la sustitución de las 16 modalidades de contratos que existen en la actualidad por uno solo de carácter indefinido y con una indemnización por despido en función de número de los años trabajados. Cree que con esta premisa, los bancos ya podrían conceder créditos a los jóvenes y de esta forma impulsar el consumo para afianzar la senda del crecimiento económico. Pero no nos engañemos, la reforma laboral, aunque necesaria, no pondrá fin al problema del desempleo en España ni resolverá de un plumazo todos los males que estrangulan a nuestra economía.
Males entre los que De la Dehesa advirtió ayer en el Foro de EL NORTE que se encuentra un sistema educativo que no responde a las necesidades del mercado laboral y que genera en las arcas estatales un despilfarro, dijo, de 6.000 millones de euros al año.
Editorial