El interminable serial de las Cajas de ahorro -o sea, de las obscenas luchas de poder desatadas a su alrededor- ha conocido en los últimos días nuevos y bochornosos capítulos. Las tensiones entre Caja España y Caja Duero han vuelto a aflorar con ocasión de los Consejos de Administración celebrados el martes para ratificar el acuerdo de su fusión. Unas horas antes de celebrar dichos Consejos ambas partes mantenían serías discrepancias sobre la interpretación del pacto alcanzado in extremis y con forceps las pasadas Navidades en Tordesillas.

Establecido en dicho pacto que la presidencia de la Caja resultante tendría su sede en León y la dirección general en Salamanca, la principal manzana de la discordia ha girado en torno a si el nuevo presidente debía tener o no carácter ejecutivo. Entendiendo que lógicamente un presidente ejecutivo devaluaría el poder del director general, Caja Duero ha exigido no solo que en los estatutos de la nueva entidad figure una presidencia no ejecutiva sino que la posible modificación de ese carácter exija acuerdo por mayoría cualificada del futuro Consejo de Administración.

El pulso librado sobre el particular ha sido realmente duro, toda vez que el presunto mediador entre ambas partes -el Consejero de Economía, Tomás Villanueva- al parecer estaba claramente decantado a favor de dejar la puerta abierta a una presidencia ejecutiva, sospechándose incluso que tenía in mente su propio candidato para ocupar el cargo. Aparte del perfil profesional, la diferencia entre un presidente no ejecutivo y uno ejecutivo radica en que el primero no dispone de sueldo y el segundo cobraría, tirando por lo bajo, no menos de 300.000 euros anuales.

A todo esto mientras en Caja España se ratificaba la fusión sin ninguna condición y con el único voto en contra del consejero de UGT, en Caja Duero votaban negativamente cuatro consejeros, los dos representantes de los trabajadores (uno de UGT y otro de CC.OO.), el secretario regional de UGT, Agustín Prieto, y el vicepresidente Victoriano Pedraz, estos dos últimos elegidos en su día dentro de la candidatura de consenso mayoritaria entre los impositores. Aparte de ello, la ratificación de Caja Duero queda supeditada al pacto laboral -de momento no alcanzado- y al acuerdo sobre la composición final del nuevo organigrama directivo, lo que obliga a una nueva reunión del Consejo de Administración prevista en principio para el próximo lunes.

Pero si impúdico ha resultado este ultimo episodio de la fusión entre Caja España y Caja Duero, el fulerismo de la Junta con respecto a Banca Civica no lo iguala ni el mas acreditado de los trileros. De amenazar con vetar -y de hecho bloquear a través de los consejeros del PP- la integración de Caja Burgos en dicha operación, de repente se pasó a darla el visto bueno sin que por medio hubiera cambiado absolutamente nada. Nada que se haya explicado, me refiero.

La coartada para ese giro de 180 grados (que tan descolocados dejó, recuérdese, al presidente de Cecale y a los secretarios regionales de CC.OO. y UGT) fue el acuerdo tomado por Caja Ávila y Caja Segovia de estudiar, sin mayor compromiso, su posible incorporación. Y a partir de esa posibilidad, por lo demás harto incierta, se concedió “luz verde” a Caja Burgos, cuyo presidente, José María Arribas, dejó de ser una especie de villano traidor a Castilla y León para transformarse por ensalmo en un dirigente responsable y comprometido con el futuro de la comunidad. La impostura de algunos políticos y de sus altavoces mediáticos sigue sin conocer límites.

(En la fotografía superior, Juan Vicente Herrera en la sede de la Junta con el secretario autonómico del PSOE, Óscar López, y los presidentes de Caja España, Santos Llamas, y Caja Duero, Julio Fermoso; abajo, el Consejero de Economía, Tomás Villanueva)

Siguiendo el manual sobre victimismo que tan buenos resultados proporciona a la Junta frente al gobierno Zapatero, el alcalde de Valladolid se ha lanzado a denunciar todo un rosario de presuntas discriminaciones de que viene siendo objeto la ciudad del Pisuerga. Con la diferencia de que Javier León de la Riva no dispara unidireccionalmente, sino que apunta y descarga sobre todo lo que se le pone a tiro. Igual da que sea el Ministerio de Fomento (centro de control del AVE) que la Junta (Palacio de Congresos).

Y lo mismo le da enzarzarse con otro alcalde socialista, como el de León, que con otros de su propio partido, como ha hecho en otras ocasiones con el de Salamanca. El objetivo se lo ha dejado muy claro León de la Riva a Isabel Carrasco, la presidente provincial su mismo partido en León: “Me estoy dedicando a ganar las elecciones con el PP en Valladolid”. Más claro, imposible.

Reconocido por el propio alcalde el fin que le mueve, sobran más comentarios. El victimismo es a la vez una eficaz maniobra de distracción para desviar la atención de las carencias de la propia gestión, que también las hay y notorias. Si hablamos del AVE, el centro de control que el ministro Blanco ha desviado hacia León no deja de ser un tema menor. Lo verdaderamente importante es que el AVE llegó en diciembre de 2007 a Valladolid sin que la ciudad hubiera hecho los deberes. Uno de ellos tendría que haber sido contar desde el primer día con ese Palacio de Congresos que dos años después sigue sin existir y, lo que es peor, no se vislumbra a corto plazo. ¿Desde julio de 2001, cuando Áznar colocó en Garcillán la primera traviesa del AVE, que gestiones emprendió el ayuntamiento de Valladolid para disponer de ese centro de congresos? Que yo sepa, ni siquiera ha apoyado la razonable propuesta presentada al respecto por la Cámara de Comercio e Industria.

El presidente de los empresarios vallisoletanos, Manuel Soler, otro personaje proclive a pisar charcos, puso el dedo en la llaga cuando hace unos meses cuestionó la Oficina de Innovación y Desarrollo Económico anunciada a bombo y platillo por el ayuntamiento de la capital. Soler se limitó a señalar que dicha Oficina era como “poner los carros delante de los bueyes”, ya que a su juicio era necesario antes “crear las condiciones para atraer las inversiones a la provincia”. Tan elemental observación le costó una furibunda réplica del alcalde.

Nadie ignora a estas alturas que para crear esas condiciones previas es imprescindible abordar de una vez la ordenación global del alfoz vallisoletano, con lo que de paso se cumpliría el compromiso electoral contraído por el Partido Popular en las elecciones municipales de 2007. En ellas, frente al área metropolitana propuesta por el PSOE bajo la denominación de “Gran Valladolid”, el PP incluyó en su programa electoral el llamado “Valladolid abierto”, un sucedáneo de lo mismo consistente en la constitución de un ente consorciado por 16 ayuntamientos del alfoz, la Diputación provincial y la Junta de Castilla y León.

Dado que tras esas elecciones el PP siguió gobernando el ayuntamiento de la capital, la Diputación provincial y la Junta, ningún obstáculo político impedía a priori el cumplimiento de dicha promesa electoral. Y sin embargo han pasado casi tres años y no se ha dado un solo paso para ello. Al contrario: La creación de esa Oficina de Desarrollo Económico promovida por el ayuntamiento vallisoletano es un paso en contrario, ya que excluye a los demás municipio del alfoz. ¿O es que va a resultar que son la Junta y la Diputación (cuyo presidente lo es ahora a la vez del PP provincial) quienes boicotean la constitución del “Valladolid abierto”?

(Publicado en la edición impresa de “El Norte” de 15 de marzo. En la fotografía superior, el alcalde de Valladolid con el ministro de Fomento, José Blanco; en la inferior, tren AVE en la estación de Valladolid)

En un ámbito como el literario, tan enfermo de vanidad, no es frecuente que un autor que alcanza en vida reconocimiento universal llegue al final de sus días fiel a sí mismo, sin que el éxito haya conseguido alterar un ápice su identidad y su carácter. En los personajes literarios de Miguel Delibes -que el confesó que eran su propio ser, como si el lector no se hubiera percatado- todos identificamos la esencia del castellano. De dos castellanos. El castellano que puebla esta tierra y hace bueno el aforismo de que “nadie es mas que nadie”. Y el castellano que hablan cerca de 400 millones de personas en el mundo.

Poco puedo añadir yo sobre la dimensión literaria de Delibes. Pero sí me gustaría realizar algún apunte sobre otra faceta menos conocida universalmente, cual es su ejecutoria periodística. Su paso por la dirección de “El Norte de Castilla” no fue un mero paréntesis en la centenaria historia de este periódico.

En ese tiempo dejó como legado dos improntas de gran significación. Su cuidada prosa imprimió una pátina literaria a un periódico que no por casualidad devino a partir de entonces en una formidable cantera de prestigiosos periodistas y de más de un escritor, casos de Umbral y Jiménez Lozano, de renombre nacional.

Fué por ello un indudable acierto que la reconstituida Asociación de la Prensa de Valladolid bautizara con su nombre un galardón periodístico destinado a premiar el buen uso del idioma en los medios escritos.

La otra impronta que nos legó el periodista Delibes fue la de defender en toda la medida que ello era posible la libertad de opinión e información en tiempos en que ambas estaban más que cercenadas. Aquel director de "El Norte" demostró gran coraje personal y mucha dignidad profesional en una época en la que un Ministerio llamado de Información nombraba o cesaba a los directores de los periódicos y en el que la edición diaria de cada publicación estaba sometida a la censura previa -se llamaba “depósito legal”- en la correspondiente delegación provincial de ese mismo departamento.

Junto a su inmenso legado literario, su dignificación del quehacer periodístico no es nada desdeñable en estos tiempos que corren.

Como impenitente observador de la vida política en Castilla y León, vengo lamentándome una y otra vez del déficit democrático del Parlamento de la Comunidad, que, lejos de centrar el debate político, se ve postergado a un papel secundario y subalterno respecto a la Junta. En lugar de ser el Legislativo el que controla al Ejecutivo, la perversa utilización que hace el PP de su mayoría absoluta hace que en la práctica ocurra justamente lo contrario, decidiéndose desde el Colegio de la Asunción lo que se aprueba o no se aprueba en el ”mausoleo” de Villa del Prado.

En estas circunstancias resulta sorprendente que la oposición no aproveche al máximo los escasos resortes de que dispone para controlar la gestión del gobierno regional. El mas inmediato y directo es el que proporcionan las preguntas orales realizadas en los plenos, una de las cuales puede formularse directamente al presidente de la Junta. El propio Juan Vicente Herrera llegó a expresar en cierta ocasión su sorpresa ante escasa mordiente que a menudo tiene la pregunta de la portavoz socialista, Ana Redondo. Nadie mejor que él para saber que habría otras preguntas muchísimo mas incómodas de responder.

Me malicio que esas omisiones -algunas de ellas clamorosas- no responden tanto a la falta de perspicacia de la oposición como a los silencios pactados por el secretario autonómico del PSOE, Óscar López, en sus nunca transparentes negociaciones con la Junta.
No hablo solo del pacto mantenido sobre las Cajas, a consecuencia del cual el grupo socialista ha excluido completamente el asunto de su tarea de control a la Junta. Con ello se ha conseguido mantener oculta toda la trastienda del pacto: Desde lo que le facturaron a la Junta la consultora Analistas Financieros Internacionales y el bufete Uría Menéndez por preparar la fallida integración, la del malogrado “Sí o Sí”, al acuerdo secreto sobre el futuro presidente y reparto de cuotas de poder en la caja resultante de la fusión entre Caja España y Caja Duero. Pero ya digo que la de las Cajas no es la única zona en sombra admitida y consentida por los socialistas.

Ya comentamos en su día la sospechosa forma en que la oposición fué aflojando el pistón hasta abandonar casos tan escandalosos como el de la compra del edificio de la Consejería de Economía en Arroyo de la Encomienda -asunto sobre el que el Consejero Villanueva nunca llegó a comparecer en las Cortes- o sobre la “trama solar”, de cuyo verdadero alcance y naturaleza da idea el procedimiento judicial abierto en Zamora. Pero hay bastante mas.

Recientemente hemos sabido que el PSOE pactó también la “Marca Castilla y León”, lo cual explica que no haya exigido ninguna responsabilidad política sobre tamaña chapuza. A diferencia del “corta y pega” de “El rincón del vago” detectado en la Consejería de Medio Ambiente, los socialistas ni siquiera han exigido la retirada de un lema (“Tus ideas cobran vida”) más que sospechoso de plagio: Lo hemos visto hasta en francés en vallas publicitarias derribadas por el terremoto de Haití. Y para nada se han interesado por conocer cuánto ha costado hasta ahora el invento, cuánto va a gastarse y cómo se han gestado las distintas adjudicaciones y contratos relacionados con el mismo.

Pero si hablamos de “zonas en sombra” asumidas por Óscar López ninguna como la que rodea al contrato-programa suscrito entre la Junta y la sociedad adjudicataria de la única licencia televisiva (TDT) concedida en esta comunidad autónoma. Nada se sabe acerca de dicho contrato-programa, salvo que existe. Nadie ha informado sobre su contenido, pese a que dada su nada despreciable cuantía -la subvención al parecer ronda los 24 millones de euros anuales- forzosamente ha tenido que ser aprobado un jueves en sesión de Consejo de Gobierno. Todo un “apagón informativo”.

La decisión del ministerio de Fomento de ubicar en León y no en Valladolid el Centro de Control del AVE ha vuelto a agitar la rivalidad provinciana entre ambas ciudades, cuyos alcaldes unos días antes, con motivo del aniversario del Estatuto de Autonomía, se disputaban también la capitalidad oficiosa de la comunidad autónoma.

En evitación de rencillas provinciales, el Estatuto primitivo de 1983 eludió deliberadamente la cuestión de la capitalidad, omisión que después de tres reformas se mantiene igual 27 años después, dato que indica que aquellos recelos territoriales nunca se han superado.

Bien es verdad que se trata de una cuestión más testimonial que otra cosa, ya que lo que se subsanó bastante pronto (1988) fue la ubicación de las principales instituciones autonómicas: la Junta y las Cortes en Valladolid y el Tribunal Superior de Justicia en Burgos. (Quizá haga al caso recordar que uno de los contados procuradores contrarios a la Ley de Sedes fue el actual presidente de Caja Burgos, José María Arribas, quién por tal motivo renunció al escaño de Alianza Popular que entonces ocupaba en representación de la provincia burgalesa).

Afortunadamente, la falta de capitalidad no es un problema capital y la comunidad autónoma puede funcionar sin ella, como funciona sin himno oficial o sin policía autonómica, cuestiones éstas que sí figuran en el Estatuto. Y lo que admite pocas dudas es lo de la capital oficiosa. Ese título recae plenamente sobre Valladolid y no solo por el hecho de albergar los servicios centrales de la Junta y la sede de las Cortes. El “centralismo vallisoletano” del que se quejan las demás provincias conlleva implícitamente el reconocimiento de esa capitalidad virtual.

El del “centralismo” es un reproche que empieza a cansar al vallisoletano de a pie. Partiendo de la base de que es algo metafísicamente imposible, ningún ciudadano puede ser tachado de centralista por la mera circunstancia de haber nacido o residir en un lugar determinado. Es un sambenito muy similar al que históricamente hemos arrastrado los castellanos en el resto de España, con el agravante que durante el franquismo, amén de “centralistas”, éramos además “opresores” de toda la periferia. Dicho llanamente: Es confundir el culo con las témporas.

Si en esta comunidad autónoma se ejerce el poder político de forma centralista, ello no es en absoluto imputable a los vallisoletanos. Será en todo caso responsabilidad de los políticos que comandan las instituciones emplazadas en Valladolid, esto es, de los gobernantes que administran el dinero publico y de los parlamentarios que previamente lo presupuestan. De existir ese centralismo -en los últimos tiempos especialmente sentido en Burgos- el principal responsable sería el burgalés Juan Vicente Herrera, quién desde hace 9 años preside la Junta y el partido que detenta la mayoría absoluta en el Parlamento de la Comunidad.

Porque esta es otra: Siendo innegable que ser sede de los servicios centrales de la Junta, ha reportado a Valladolid indudables beneficios, no es menos cierto que ese resquemor existente en las demás provincias comporta algún que otro handicap. Salvo el periodo transitorio desempeñado por José Constantino Nalda tras la dimisión de Demetrio Madrid, ninguno de los presidentes que han conocido la Junta y las Cortes en estos 27 años ha sido vallisoletano.

Existe una norma no escrita, pero cumplida a rajatabla por el PP y el PSOE, según la cual ser de Valladolid es incompatible con ser el presidente de las dos principales instituciones autonómicas. Por lo tanto, la expresión “centralismo vallisoletano” está completamente fuera de lugar. Denúnciese, si corresponde, el centralismo ejercido por los gobernantes de la comunidad autónoma.

(Publicado en la edición impresa de “El Norte” de 8 de marzo. En las fotografías, el alcalde de León, Francisco Fernández, con el presidente Herrera en la pasada conmemoración del Estatuto de Autonomía; el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva; manifestación en Burgos en diciembre de 2008 en defensa de la autonomía de sus cajas de ahorros)

No tenía yo pensando seguir con el serial de las Cajas pero el elenco protagonista sigue protagonizando nuevos episodios que están enredando todavía mas -y mira que era complicado- este interminable serial.

Quince días después de que, a instancias de la Junta, los dirigentes regionales de PP, PSOE, UGT, CC.OO. y CECALE rubricaran un documento que pretendía forzar la fusión de Caja Burgos, Caja Segovia y Caja Ávila, el acuerdo ha saltado por los aires. Los agentes sociales, sindicatos y patronal, han denunciado sin tapujos que los firmantes políticos se han pasado lo pactado por el forro y que el documento en cuestión ha quedado hecho añicos.

¿Qué ha ocurrido? Pues que mientras que UGT, Comisiones y CECALE entendían que el documento cerraba las puertas a la participación de estas tres cajas de Castilla y León en el proyecto Banca Cívica promovido por Caja Navarra y Caja Canarias, la Junta y el PSOE, de acuerdo con el Banco de España, no han hecho otra cosa que trabajar en esa dirección. Desencuentro total y absoluto entre el frente político y el bloque social, este último unánimemente opuesto a fusiones interregionales acogidas al sistema SIP, que a su juicio reconvierte a las Cajas en una entidad bancaria.

El primero que alertó sobre lo que estaba ocurriendo fue el secretario regional de UGT, Agustín Prieto, quien advirtió que si UGT estaba en contra de que Caja Burgos entrara en Banca Civica, con mayor motivo lo seguiría estando si acudía acompañada de Caja Segovia y Caja Avila. “Lo que no no valía para uno, ahora no puede valer para tres”, decía después el secretario regional de CC.OO., Angel Hernández, mientras que el presidente de CECALE, Jesús Terciado, ha sido aún mas contundente: “No sé si la palabra traición es la adecuada, pero es algo muy parecido”.

El figurado puñetazo dado sobre la mesa por el presidente Herrera para encarrilar por la senda marcada por la Junta a las Cajas de ahorro que han intentado “desmandarse” ha sido interpretado como un signo de fortaleza política. No estoy nada seguro de ello.

Hasta el presente si algo había evidenciado el turbulento proceso abierto en torno a las Cajas ha sido la debilidad del “músculo político” en esta Comunidad. Tras 27 años de Autonomía, se ha puesto descarnadamente de manifiesto que el hecho provincial sigue primando sobre el proyecto común y que, lejos de avanzar en esa idea de comunidad que concilie los intereses territoriales, la brecha abierta entre ambos ámbitos parece cada vez mas profunda. En definitiva, una falta de vertebración constatable en muchas esferas, comenzando por la de los propios partidos mayoritarios, PP y PSOE, que son los primeros que sufren en su seno esa colisión de intereses.

Tengo para mí además que el férreo pacto sellado en Castilla y León entre la Junta y la oposición socialista no responde tanto a un “objetivo te comunidad” compartido por ambas como a un matrimonio de conveniencia propiciado por motivaciones muy distintas. Al igual que en otras comunidades, la Junta y el PP están actuando aquí en sentido diametralmente opuesto al que propugna la dirección nacional del partido, cuyo responsable económico, Cristóbal Montoro, se ha manifestado hasta la saciedad contrario al modelo resultante de la concentración de cajas de una misma comunidad, que por cierto es lo que hizo en su día Castilla-La Mancha con los resultados por todos conocidos.

En este punto el PP nacional prefiere, como el Banco de España, las fusiones interregionales, por ser mas eficientes en solvencia y tamaño y comportar menor coste laboral y económico. Sin embargo la Junta y el PP regional han visto la oportunidad de transformar las Cajas de ahorro en un apéndice financiero del gobierno autonómico y por nada del mundo están dispuestos a renunciar a esa tentación, máxime cuando cuentan con la insólita complicidad socialista.

¿Cómo se explica que el PSOE regional, que no tiene expectativas de gobierno a corto plazo en Castilla y León, apoye incondicionalmente una estrategia que, además de no coincidir con la del Banco de España ni ser la mas óptima desde el punto de vista financiero, contribuirá a reforzar aún mas la aplastante hegemonía política del PP en esta Comunidad? La explicación sería que Óscar López se ha limitado a cumplir las estrictas ordenes de Zapatero, quién, advertido de que Caja España -que para él sigue siendo Caja León- podía entrar en situación de quiebra, optó, de acuerdo con Herrera, por promover su fusión con otras cajas de la Comunidad.

Esa determinación de Zapatero explicaría de paso la sorprendente docilidad con que los socialistas leoneses, y luego también los salmantinos, han acatado la fusión entre Caja España y Caja Duero. E igualmente que el Banco de España no haya puesto ninguna objeción a una fusión de coste muy oneroso que no se ajusta a sus parámetros.

Por lo demás, es posible que por la coercitiva vía del veto y el decreto se consiga fortalecer eso que llaman “músculo financiero” de la Comunidad. Pero por ese camino dudo que se fortalezca el “músculo político” y se refuercen las delicadas costuras territoriales. Antes al contrario, se estará echando gasolina al fuego, agitando el sentimiento de agravio en las provincias afectadas y dando pábulo al cliché del “centralismo vallisoletano”. Nada mas contrapuesto al concepto moral de la “autoritas” que las imposiciones autoritarias. De ahí que, en lugar de constituir un signo de fortaleza, el ordeno y mando caso constituya la mejor prueba de debilidad.

(Publicado en la edición impresa de “El Norte” de 1 de marzo. En las fotografías, el presidente Herrera con el Consejero de Economía, Tomás Villanueva; el presidente Zapatero con el secretario del PSOE de Castilla y León, Óscar López; y sede del Banco de España)

Cuando parecía resignada a que Caja Burgos, Caja Segovia y Caja Ávila se zafaran de su yugo político, súbitamente la Junta ha reaccionado con un golpe de autoridad que pretende someter e introducir en el redil a estas tres cajas provinciales.

La tenacidad del Consejero de Economía, Tomás Villanueva, que ha hecho del control de las Cajas algo personal, y la actitud extremadamente beligerante adoptada por otras comunidades autónomas, singularmente Galicia, han arrastrado a Juan Vicente Herrera a entablar una especie de cruzada para doblegar la voluntad de esas tres cajas “infieles”. En ese desafío el presidente de la Junta no está solo: cuenta con el respaldo de las direcciones regionales de PP, PSOE, CC.OO., UGT y Cecale.

El apoyo de las cúpulas de los sindicatos y de la patronal se entiende, habida cuenta de la fuerte dependencia del Presupuesto de la Comunidad que tienen las tres organizaciones para mantener sus abultadas estructuras regionales. Lo que cada vez se entiende peor es el apoyo incondicional del PSOE a una estrategia que, so pretexto de fortalecer el “sistema financiero regional”, tiene por objetivo convertir las cajas de ahorro en el brazo financiero del gobierno de la Comunidad.

El propio Óscar López ha dejado traslucír su papel de comparsa cuando ha salido reivindicándose a sí mismo diciendo que “con el PSOE igual el proceso no sale bien, pero lo que es seguro es que sin el PSOE no sale”. Por si quedaba duda de lo ninguneado que se siente, López se ha referido además al “corifeo adulador” que rápidamente ha jaleado al presidente Herrera. Todo ello después de que el secretario autonómico del PSOE viera como los consejeros socialistas en Caja Burgos volvían a desmarcase por completo de la estrategia que él comparte con el PP y la Junta.

De momento, a través de los consejeros del PP en Caja Burgos, la Junta ha conseguido frenar -sin necesidad de utilizar el veto- la participación de la caja burgalesa en el grupo Banca Cívica impulsado por Caja Navarra y Caja Canarias.

Ello le ha permitido ganar tiempo intentar forzar alternativamente a toda prisa una alianza a tres entre Caja Burgos, Caja Ávila y Caja Segovia, operación que cumpliría dos objetivos. En primer lugar neutralizaría la querencia de las dos últimas a integrarse en Caja Madrid. Y al mismo tiempo permitiría replantear la participación en Banca Cívica desde una correlación de fuerzas completamente diferente, ya que las tres cajas de Castilla y León detentarían una cuota superior a la de las otras dos cajas, circunstancia ésta que franquearía el placet de la Junta.

Descartada la ampliación de la fusión Caja España-Caja Duero, ese es el encaje de bolillos que se pretende y además en tiempo record. Una operación extraordinariamente compleja, en primer lugar por las resistencias que a buen seguro van a ofrecer Caja Ávila y Caja Segovia, que han estado esperando a la llegada de Rodrigo Rato para entenderse con Caja Madrid.
Las declaraciones del alcalde y vicepresidente de la caja abulense, Miguel Ángel García Nieto, indican que la Junta no lo va a tener fácil: “Cuando se está en una caja hay que quitarse la chaqueta que se trae de fuera y ponerse la de los intereses de esa caja”. Y mas lejos ha ido la UGT abulense, que ha calificado de “intromisión política” lo que está haciendo la Junta amparada por ese documento conjunto que lleva la firma del secretario regional del sindicato, Agustín Prieto.

Pero sobre todo es previsible otro escollo que resultaría insalvable: Que Caja Navarra no acepte a ese socio de mayor tamaño que le privaría del liderazgo en Banca Cívica. En este caso la estrategia de los “cruzados” se vendrá abajo, ya que la caja resultante de una hipotética fusión entre Caja Burgos, Caja Ávila y Caja Segovia no alcanzaría el tamaño mínimo requerido por el Banco de España, que es por otra parte el máximo valedor de las fusiones interregionales.

(En las fotografías, Juan Vicente Herrera y Óscar López; Tomás Villanueva y el presidente de Caja Burgos, José María Arribas; y Miguel Ángel García Nieto, alcalde de Ávila)

Se ha dado en llamar “síndrome de La Moncloa” a una especie de mal que suele aquejar al inquilino del palacio presidencial, el cual, a partir de un momento dado -casi siempre coincidente con el segundo mandato- deja de percibir la molesta realidad de la calle y sustituye la misma por una recreación artificiosa producto en su ensimismamiento. Adolfo Suárez manifestó los primeros síntomas, Felipe González contrajo plenamente la enfermedad y José María Áznar la desarrolló con virulencia extrema.

El origen del mal no está en ningún extraño virus de procedencia desconocida, sino en el fuerte presidencialismo que se ha instalado en la democracia española, en la que los partidos mayoritarios asumen de forma acrítica el hiperliderazgo de su jefe de filas una vez que el mismo conduce a sus huestes al poder, incluso aunque sea sin mayoría absoluta.

El origen del mal no está en ningún extraño virus de procedencia desconocida, sino en el fuerte presidencialismo que se ha instalado en la democracia española, en la que los partidos mayoritarios asumen de forma acrítica el hiperliderazgo de su jefe de filas una vez que el mismo conduce a sus huestes al poder, incluso aunque sea sin mayoría absoluta.

A punto de cumplir nueve años como presidente, Juan Vicente Herrera empieza a mostrar preocupantes síntomas de esa dolencia democrática. A ello ha venido contribuyendo la peculiar estructura de gobierno adoptada al comienzo del presente mandato, que ha elevado las cotas de presidencialismo a niveles nunca antes conocidas en el colegio de la Asunción.

Su actitud ante la cuestión demográfica es la última prueba de ello. Sin el menor atisbo de autocrítica hemos visto estos días como Herrera hacia borrón y cuenta nueva y, sin consultar a nadie, arrojaba a la papelera la Estrategia regional contra la Despoblación elaborada por las Cortes en 2005 con el mas amplio consenso político y social a partir de un riguroso diagnóstico que hoy sigue vigente.

La alternativa a esa Estrategia, liquidada cuando en realidad nunca ha llegado a aplicarse en lo fundamental, es una propuesta de Agenda concebida para afrontar un problema que de entrada no se reconoce como tal. Porque eso es lo mas portentoso: Para el presidente de la Junta la despoblación es una especie de espectro a desterrar de un imaginario colectivo donde inexplicablemente se ha colado.
El negacionismo de Herrera ante el problema demográfico es casi idéntico al mantenido por Zapatero sobre la crisis económica. Y su actitud ante la cuestión igual de errática e ineficaz. En ambos casos se perciben reconocibles efectos del antedicho síndrome. Cabría interpretar que la Agenda de la Población responde al célebre principio de Lampedusa consistente en cambiar lo imprescindible para que toda siga igual. Y alguien pensará que esto sería una interpretación negativa. En absoluto: Ojalá que sirva para mantener la misma población que hoy tenemos y no se cumpla esa fatídica Ley de Murphy que advierte de que todo lo que puede empeorar acaba empeorando.

Pero si en algo no hay paralelismo entre la crisis económica y la despoblación es en el enfoque de la dicotomía optimismo-pesimismo. Resulta curioso ver como los mismos que hacen chuflas o se irritan, según les de, con el famoso “optimismo antropológico” de Zapatero, anatemizan aquí cualquier análisis pesimista sobre nuestra realidad demográfica, por racional y fundado que sea. No toleran ni el escepticismo: O eres optimista por decreto o lo tuyo es puro catastrofismo, derrotismo casi sospechoso de deslealtad a la comunidad. El pensamiento oficial pretende hacernos comulgar con ruedas de molino. A este paso nos mean y quieren que digamos que llueve.

(Publicado en la edición impresa de “El Norte” de 22 de febrero. En las fotografías Juan Vicente Herrera en la escalinata del Colegio de la Asunción y con Rodríguez Zapatero en La Moncloa)

Lo del “mausoleo” definitivamente no tiene arreglo. Me refiero al desvalido y penoso papel -con frecuenca papelón- que se ven obligadas a realizar las Cortes a causa de su sumisión y servilismo hacia la Junta. El pleno celebrado esta semana ha vuelto a ser un ejemplo clamoroso.

El esperado debate sobre la despoblación -mal que le pese al gobierno regional, el primer y principal problema de Castilla y León- se vió en gran medida frustrado por unas reglas de juego escandalosamente favorables al presidente de la Junta. Mientras Juan Vicente Herrera disponía de turnos a discreción por tiempo ilimitado, los grupos parlamentarios solo podían consumir un único turno por espacio de 15 minutos.

De tal forma que, en rigor, ni siquiera cabe hablar de debate propiamente dicho, ya que la única intervención de la portavoz socialista, Ana Redondo, se vio “emparedada” por la exposición inicial del presidente de la Junta (45 minutos) y la posterior réplica de Herrera (otros 20 minutos). Un descarado ventajismo que, amén de corroborar una vez mas el servilismo antes señalado, se compadece muy poco con la aureola de buen parlamentario que adorna a Herrera, quién no las debe tener todas consigo cuando se procura tan exagerados privilegios.

Junto a ello, el presidente de la Junta ha vuelto a faltar el respeto a la institución parlamentaria, al volver a ausentarse durante toda la mañana del miércoles del hemiciclo para mantener una agenda paralela en el despacho que tiene habilitado en el “mausoleo”. Lo que ya ocurrió durante los plenos celebrados antes y después de la pasada Conferencia de Presidentes parece ser que se ha convertido ya en habitual.

En el momento en que en el hemiciclo se debatían las proposiciones presentadas por los tres grupos parlamentarios en torno al cementerio nuclear, Herrera permanecía reunido en su despacho con el Consejero de Economía, Tomás Villanueva, y varios consejeros del PP en Caja Burgos analizando la estrategia a seguir ante el Consejo de Administración convocado hoy para decidir sobre la participación de dicha caja en Banca Cívica. Además de al procurador Fernando Rodriguez Porres, entre esos consejeros llamados a capitulo pudo verse al teniente de alcalde de la capital burgalesa y vicepresidente de Caja Burgos, Ángel Ibáñez.

La cosa no quedó ahí, ya que mientras Herrera y Villanueva despachaban ese asunto estrictamente partidario, en la cafetería del “mausoleo” aguardaban pacientemente su turno el presidente y la plana mayor del Consejo Económico y Social, citados allí para hacer entrega oficial de la Memoria anual del organismo. Más de media hora se vieron obligados a esperar el presidente del CES, José Luis Diez Hoces, el presidente de CECALE, Jesús Terciado, y los secretarios regionales UGT y CC.OO., Agustín Prieto y Ángel Hernández, hasta ser recibidos. A la falta de respeto a las Cortes ha de añadirse, para mayor inri, la falta de respeto al CES. Doblete al canto.

Menos mal que para compensar tanta falta de delicadeza en la misma jornada vimos que se ha hecho efectiva la rectificación de la Consejería de la Presidencia en torno a la "marca-territorio" y la tilde figura ya en la palabra León. Algo es algo.

Ya solo faltaría prescindir del desdichado lema “Tus ideas cobran vida”, darle otro barníz al “gurruño” y a lo mejor el invento hasta acaba teniendo un pase.

(En las imágenes, Juan Vicente Herrera en el pleno de las Cortes, la plana mayor del CES con el presidente de la Junta y el logotipo de la marca “Castilla y León”)